Resumen: Acción individual de responsabilidad frente a los administradores de una sociedad que, tras haber intentado una negociación con los acreedores para presentar un convenio anticipado y, finalmente, presentado un concurso que fue inadmitido por no existir situación de insolvencia, procedieron a la venta de los activos con transmisión del pasivo a otra sociedad. Recurre el demandante. La sala desestima el de infracción procesal por denuncia de infracciones contradictorias: la indebida aplicación de las reglas de la carga de la prueba y la valoración de la prueba. Y el de casación porque confirma la apreciación de la AP de que la venta de los activos de la sociedad no constituyó una actuación fraudulenta, respecto de los acreedores, sino el último intento de los administradores demandados de salvar una empresa en una situación de extrema dificultad. Considera que, al margen de si hubiera resultado más adecuado ajustar la operación a las exigencias de la Ley 3/2009 de modificaciones estructurales (LME2009), no puede negarse que los administradores buscaron una solución que facilitara el pago de los créditos de los acreedores con los activos de la sociedad. Por otra parte, no haber optado por el procedimiento de «cesión global de activos y pasivos» regulado en los arts. 81 y ss. LME2009, no privó al demandante, como acreedor de la sociedad, del derecho de oposición previsto en el art. 42, aplicable por la remisión prevista en el art. 88.2, ambos de la LME2009, que no hubiera tenido.
Resumen: La demandante, clienta de un restaurante, sufre una caída en el interior del establecimiento, al tropezar con una barra metálica que forma parte de la estructura a la que se anclan las lonas que conforman la carpa del establecimiento; reclama la indemnización correspondiente a las lesiones sufridas. La Audiencia Provincial confirma la sentencia desestimatoria de la demanda conforme al criterio jurisprudencial según el cual no puede apreciarse responsabilidad cuando la caída se debe a la distracción del perjudicado o se explica en el marco de los riesgos generales de la vida, por tratarse de un obstáculo que se encuentra dentro de la normalidad, o tiene carácter previsible para la víctima. La prueba pone de relieve en este caso que la barra metálica con la que tropezó la demandante era perfectamente visible.
Resumen: Tras devolver la posesión de la vivienda, el objeto del pleito queda reducido a determinar si es debida la suma reclamada en concepto de rentas, ya que el arrendatario señala que por culpa de la arrendadora que no le ha solicitado la documentación necesaria, no se ha renovado la subvención que tenía concedida. El Tribunal establece que no ha existido una errónea valoración de la prueba, ya que revisada nuevamente coincide con la conclusión alcanzada en la sentencia apelada y en concreto, que era el arrendatario el que tenía que adoptar una conducta activa en cuanto a la renovación de la subvención, no siendo achacable a la parte arrendadora. Se señala que no cabe el análisis de cuestiones planteadas de forma novedosa en apelación, como en este caso fue la alegación de compensación de la suma reclamada con el importe de la fianza y garantía adicional.
Resumen: Demanda de responsabilidad civil por graves deficiencias asistenciales e incumplimiento contractual contra un hospital. Desestimada la demanda en primera instancia, la resolución fue confirmada por la Audiencia Provincial. La sala desestima el recurso extraordinario por infracción procesal: considera debidamente motivada la sentencia recurrida y respecto a la valoración probatoria, no se ha acreditado la existencia de un error de hecho manifiesto e inmediatamente constatable de forma incontrovertible a partir de las actuaciones. Lo que se plantea es una nueva interpretación del material probatorio con la que se pretende que el tribunal de casación sustituya el juicio de las instancias. Desestima también el recurso de casación. Respecto a la ausencia de consentimiento informado, la sala considera que se ha acreditado que la intervención se llevó a cabo en un contexto de urgencia vital, con una evolución clínica súbita y crítica que impedía razonablemente la obtención del consentimiento y el hecho de que la recurrente ingresara estabilizada no elimina la gravedad extrema de la situación ni impide apreciar la urgencia vital en el momento en que se adoptó la decisión quirúrgica, que es lo jurídicamente relevante. Asimismo descarta la actuación culposa y en ausencia de dicho juicio de culpabilidad, no cabe apreciar el incumplimiento que exige el art. 1101 del CC, ni puede imputarse al hospital ninguna omisión antijurídica susceptible de generar el deber de indemnizar en los términos del art. 1902 CC. Finalmente, en cuanto a la insuficiencia de medios, no consta acreditado que la modalidad de guardia localizada del servicio de radiología condicionara la indicación quirúrgica. La decisión de practicar la histerectomía se adoptó en función de criterios estrictamente clínicos, ante una situación de riesgo vital inminente y tras el fracaso de las medidas conservadoras previas, sin que se haya acreditado que la embolización constituyera una alternativa viable en ese contexto.
Resumen: Se recurre sentencia que desestima la demanda de desahucio por falta de pago al considerar no acreditada la existencia de contrato de arrendameinto entre partes. El Tribunal tras establecer que en el recurso de apelación deben rebatirse los pronunciamientos de la sentencia, no siendo suficiente con reproducir las alegaciones de los escritos rectores, señala, tras nueva valoración de la prueba, que la que se establece en la sentencia apelada es correcta, considerando acreditada la ocupación de la vivienda por los demandados, pero no la existencia del contrato de arrendamiento verbal que se alegaba, por lo que se desestima el recurso.
Resumen: Demanda de tutela del derecho al honor formulada por el titular de una sociedad administradora de una comunidad de propietarios contra los miembros de su junta de gobierno, por una serie de manifestaciones que considera falsas, injuriosas y ofensivas. Desestimada la demanda en primera y segunda instancia, recurre la actora en casación y la Sala desestima el recurso. Considera la Sala que no hay error en la valoración de la prueba, y la sentencia recurrida está motivada de forma clara, precisa y suficiente, pues la solución dada por la Audiencia Provincial al juicio de ponderación entre el derecho al honor y el derecho a la libertad de expresión está justificada y resulta comprensible, aunque el recurrente no la comparta. Y que, por otro lado, los motivos del recurso no guardan coherencia con lo planteado por el propio recurrente en la primera instancia y en la fase de apelación y, además, se construyen al margen de la ratio decidendi de la sentencia recurrida y con sustento en una base fáctica que contradice los hechos declarados probados en la sentencia impugnada, lo que es improcedente en casación.
Resumen: El presidente de la comunidad de propietarios demandante atendió a los mensajes de texto que recibió en su móvil y que procedían aparentemente de la entidad bancaria en la que figura abierta la cuenta de la comunidad; creyendo que colaboraba con la entidad para impedir un acceso malicioso a los fondos comunes, en realidad favoreció la actuación fraudulenta de un suplantador. Para eximir de responsabilidad a la entidad bancaria debe quedar probado que el cliente incurrió en fraude, incumplimiento deliberado o negligencia grave. El hecho de entrar en un enlace que se recibe a través de un mensaje de texto que el propio terminal identifica como del banco, y que abre a una página idéntica a la de la entidad bancaria demandada, no puede considerarse una negligencia grave.
Resumen: La demanda tenía por objeto la reclamación de la indemnización correspondiente al daño ocasionado por el abogado demandado, al provocar con su pasividad la prescripción de las acciones que asistían al causante de los actores contra una administración pública. Se ha de analizar si existió incumplimiento de los deberes profesionales que incumben al abogado, comprobar la existencia de un daño efectivo consistente en la disminución cierta de las posibilidades de defensa y el nexo de causalidad, valorado con criterios jurídicos de imputación objetiva, señalándose la indemnización equivalente al daño sufrido o proporcional a la pérdida de oportunidades. La audiencia considera que la valoración de la prueba realizada por el juzgado es correcta y de ella resulta que la negligencia del abogado privó a los demandantes de obtener la indemnización a que tenían derecho.
Resumen: Responsabilidad por daños derivados de phishing. Se analiza la negligencia de la usuaria al facilitar sus claves de acceso tras recibir un mensaje y una llamada que supuestamente provenían de la entidad bancaria. La Audiencia considera que la demandante actuó de buena fe y que no se ha acreditado que incumpliera de forma grave sus obligaciones contractuales. La responsabilidad de proteger las credenciales de seguridad recae en el usuario, pero la entidad bancaria tiene la carga de la prueba de la negligencia grave del usuario. La demandante no actuó de forma imprudente al seguir las instrucciones recibidas, ya que confió en la autenticidad de la comunicación.
Resumen: Acción de saneamiento por vicios ocultos y responsabilidad contractual presentada por la compradora de un vehículo de segunda mano frente a la vendedora. La sentencia de primera instancia concluyó que no se acreditó que los daños existieran antes de la venta, que el embrague es un elemento fungible sujeto a desgaste por uso y que no se había requerido previamente a la vendedora la reparación en garantía. La Audiencia confirmó íntegramente la valoración probatoria y jurídica de la sentencia recurrida, señalando que la prueba pericial y testifical aportada no acreditó la existencia de vicios ocultos previos a la venta y que el desgaste del embrague era compatible con el uso del vehículo, no se había demostrado la falta de conformidad del bien. Desestima la reducción del precio y la indemnización solicitada.
